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Enero 2011

Se presentan en el Consejo Interterritorial las medidas legislativas para implantar la unidosis

Fuente: vademecum.es

El objetivo de este paquete de medidas es que los médicos puedan prescribir la cantidad exacta de medicamentos que necesitan los pacientes

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha presidido hoy en Santiago de Compostela su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que ha presentado a los consejeros y consejeras de Sanidad de las Comunidades Autónomas la resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para regular los procedimientos técnicos necesarios para la dispensación de dosis individualizadas de medicamentos.

Esta resolución aborda uno de los aspectos en los que trabaja el Ministerio para facilitar a partir del próximo año que los prescriptores puedan prescribir la cantidad exacta de medicamentos que necesitan los pacientes, de forma que se haga un uso más eficiente y racional de estos recursos.

Envases fraccionados

La resolución de la AEMPS presentada hoy a las CCAA aborda los requisitos técnicos necesarios para aquellas situaciones en las que los farmacéuticos tengan que fraccionar envases para entregar a los pacientes la dosis exacta que prescriba el médico.

Entre los medicamentos que se podrán dispensar de forma individual a los pacientes con esta medida se encuentran aquellos financiados por el Sistema Nacional de Salud que tengan un gran consumo y sean utilizados en tratamientos prescritos por el médico con una duración limitada en el tiempo, así como los medicamentos que pueden tomarse de forma ocasional y en los que exista una falta de ajuste del tamaño estándar del envase.

Entre este tipo de medicamentos estarían los antibacterianos, como la amoxicilina; los antiácidos y protectores gástricos, como el omeprazol; los antiinflamatorios y antirreumáticos, como el ibuprofeno, y analgésicos como el paracetamol, junto a otros.

Por otra parte, para que los medicamentos prescritos y dispensados en este nuevo sistema mantengan las mismas garantías que en sus envases originales, la AEMPS ha fijado algunos requisitos; entre ellos que los farmacéuticos sólo podrán fraccionar envases para dispensar en dosis unitarias cuando se trata de medicamentos con forma oral sólida o presentaciones monodosis de formas líquidas.

Además, los medicamentos que se dispensen en este nuevo formato deberán incluir un prospecto y no podrán dispensarse de manera individualizada más de 30 unidades del medicamento.

Otras medidas para implantar la unidosis

Además del fraccionamiento de envases, recogido en la resolución de la AEMPS, el Ministerio trabaja paralelamente en otras dos medidas:

1. La revisión de los formatos de los envases para adecuarse a las duraciones estándar de los tratamientos en determinados procesos en base a consensos clínicos e institucionales.

2. La realización de procedimientos de autorización a laboratorios farmacéuticos interesados en la fabricación industrial de medicamentos en envases monodosis para conseguir disponibilidad suficiente en el mercado farmacéutico de este tipo de envases.  

Con este paquete de medidas, que se prevén vayan entrando en vigor de manera paulatina el próximo año, el Ministerio facilitará un mejor uso de la prestación farmacéutica que permitirá más eficiencia en el gasto de medicamentos.

Deducciones a farmacias

Por otra parte, el Ministerio también ha puesto en conocimiento de las Comunidades Autónomas, el proyecto de real decreto que establece el procedimiento de remisión de información para aplicar una escala conjunta de deducción a la facturación de las oficinas de farmacia.

Al respecto, hay que señalar que en la actualidad existe un sistema de deducciones que se aplica a los márgenes de beneficio de las farmacias según su volumen de facturación por la dispensación de medicamentos. Ese sistema establecía que dichas deducciones se fijaban mediante un sistema de escalas diferenciadas, que el nuevo real decreto sustituirá por un sistema de escala única.

El texto establece el procedimiento que deberán seguir las farmacias para aportar a las administraciones sanitarias competentes la información necesaria de cara una correcta aplicación de la nueva escala de deducciones

La reforma de las pensiones: El Pacto de Toledo excluye la edad de jubilación de su propuesta final

Fuente: El pais

La reforma de pensiones cerró ayer un capítulo. La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo aprobó sus recomendaciones al Gobierno sobre la reforma. Lo hizo sin consenso. No obstante, a primera vista parece que hay un amplio acuerdo. El dictamen final contó con el apoyo del PSOE, PP, CiU y PNV (36 votos), y con el voto en contra de IU-ERC y Grupo Mixto (2), representado por el BNG.
Pero esta realidad tiene mucho de apariencia. Los grupos políticos, excepto el PSOE, han negado al Ejecutivo el aval para llevar adelante su principal propuesta: retrasar la edad legal de jubilación de 65 años a 67.

"La comisión constata que no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad de jubilación". Con esta fórmula inédita (que como el resto del dictamen tendrá que ratificarse el 25 de enero en el pleno del Congreso), el Pacto de Toledo ha aplazado el principal escollo con el que el proyecto de reforma que el Gobierno presentará el próximo 28 de enero se encontrará en el Parlamento, que contemplará el retraso a los 67 años de la edad legal de retiro. Y eso pudo verse ayer.

El portavoz del Partido Popular, Tomás Burgos, anunció que su grupo presentaría un voto particular "que pide que no se retrase la edad de jubilación". El PNV lamentó que el Gobierno se haya obcecado en este punto. En cambio, los nacionalistas catalanes de CiU, que de entrada rechazan este punto, sí que muestran una posición más abierta a la negociación. IU, por su parte, mostró su oposición al resultado final. "No comparto la sinfonía, ni la interpretación de la sinfonía", zanjó Gaspar Llamazares, portavoz de la coalición. Más amplio fue el acuerdo si se deja al margen la edad legal de jubilación. Esto sirvió a varios portavoces, Burgos y Emilio Olavarría (PNV), para advertir al Gobierno de que tuviera en cuenta las recomendaciones aprobadas. Algo que garantizó la portavoz socialista, Isabel López.

Las 21 recomendaciones aprobadas anticipan el camino por donde irán los puntos más importantes, junto al retraso de la edad legal de jubilación, de la reforma:

- Periodo de cómputo. En la actualidad, la pensión se calcula sobre la base de las cotizaciones de los últimos 15 años de la vida laboral. La comisión parlamentaria, de forma ambigua, abre la puerta a que se amplíe este periodo. Los grupos políticos no han concretado cuánto tiempo debe abarcar el nuevo periodo, pero en el Gobierno se contempla llevarlo hasta los 20 o 25 años. El efecto de esta medida supone un recorte sobre las pensiones futuras.

- Prejubilaciones y jubilación anticipada. El principal objetivo de la reforma es aumentar la edad real de jubilación que ahora está en 63 años y cuatro meses. Uno de los caminos para lograrlo es poner coto a las prejubilaciones. La comisión propone incentivar la permanencia en el puesto de trabajo de los empleados mayores de 55 años. Otra vía es evitar la jubilación anticipada, salvo para aquellos colectivos con trabajos penosos, peligrosos o insalubres. También propone el Pacto de Toledo impulsar el retraso voluntario de la jubilación con más incentivos de los que hay en la actualidad. Sin concretar, se proponen medidas fiscales o aumentos en la pensión futura.

- Actualización anual. Hasta ahora, el criterio seguido para actualizar cada año las pensiones ha sido la evolución de los precios. En esta tercera edición del Pacto de Toledo, los grupos recomiendan que se tomen otros indicadores, como la evolución de los salarios, la de la economía o la marcha de las cotizaciones a la Seguridad Social. También pretende evitarse que si las pensiones suben más que los precios, esta mejora se consolide en el futuro, con la consiguiente mejora del poder adquisitivo de los pensionistas (algo que sucedió en 2009).
Además, para que hubiera un acuerdo en esta recomendación, el PSOE ha tenido que aceptar que se afeara al Gobierno su decisión de congelar las pensiones para el próximo año. Algo también inédito en la historia del Pacto de Toledo.

- Viudas y huérfanos. La comisión incide en una de las recomendaciones de 2003, "la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia". Es decir, las pensiones de viudedad. La propuesta supone mejorar las pagas que reciben los mayores de 65 años, en muchos casos al borde de la pobreza. La recomendación más concreta del Pacto de Toledo atañe a las pensiones de orfandad: que el huérfano pueda cobrarlas hasta los 25 años, ahora es hasta los 24.

- Fondos de pensiones privados. Ya es un clásico que el Pacto de Toledo recomiende la suscripción de planes privados de pensiones (individuales o colectivos) para que el pensionista no pierda mucho poder adquisitivo al jubilarse. Para impulsar la contratación de este tipo de productos financieros, la Comisión reclama al Gobierno un tratamiento fiscal más favorable.

- Aumento de pensiones y cotizaciones máximas. Para que haya mayor correspondencia entre lo cotizado y la pensión, una de las propuestas es aumentar los topes de las pensiones máximas.

La ley de la Dependencia se judicializa

Fuente: elcomerciodigital.com

Asturias será la tercera región en habilitarlo tras el aumento de quejas por retrasos en las ayudas y errores en las valoraciones
El Colegio de Abogados de Oviedo pone en marcha un servicio de orientación a los afectados

La Ley de la Dependencia llegará a los juzgados. Los graves problemas que, ya sea por retrasos en su aplicación o por errores en las valoraciones, se están causando a los aspirantes a beneficiarse de ella serán examinados por un juez.
Asturias contará el año próximo con un Servicio de Orientación Jurídica de Dependencia (SOJ) impulsado por el Colegio de Abogados de Oviedo ante el aumento de quejas y consultas registradas en el último año. El asturiano será el tercero de ese tipo abierto en todo el país.

Tras Valencia y Alicante, el Principado contará con su propio SOJ que, según manifestaron fuentes del Colegio de Abogados de Oviedo a EL COMERCIO, «se pondrá en marcha en el plazo de seis meses, pero estamos trabajando para que sea cuanto antes. Si se puede, a principios de 2011».

El encargado de impulsarlo es el abogado Ignacio Cuesta, responsable de los turnos de oficio dentro de la directiva del Colegio de Abogados de Oviedo. Cuesta explicó que la función del SOJ será «ofrecer asesoramiento jurídico a todas las personas afectadas por la aplicación de la Ley de la Dependencia». La nueva oficina estará instalada en la sede del propio colegio, en la ovetense calle de Schultz, «aunque todavía estamos decidiendo la ubicación».

El primer órgano colegial en aprobar un SOJ específico para la Ley de la Dependencia fue el de Valencia, que ofrecerá la atención de forma gratuita y que ha formado a parte de sus letrados en la Ley de la Dependencia porque, tal y como explicó al diario 'Abc' el decano del colegio, Francisco Real, «hemos querido asegurarnos primero de que los letrados que vayan a prestar el servicio cuenten con toda la información y experiencia necesarias para atender debidamente a los ciudadanos».

30 quejas a la Procuradora

Hasta el momento, las demandas contra la Ley de la Dependencia no contaban con un órgano que las centralizara y la disparidad entre las diferentes judicaturas españolas hace que en algunas comunidades sea obligatorio acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo, mientras que otros permiten que se tramiten por los juzgados de lo social.

Por ello, muchos de los afectados se dirigían, directamente, al Defensor del Pueblo. Así lo hicieron en Asturias 20 personas el año pasado, liderando el total de quejas que, por problemas de servicios sociales, registró la Procuradora asturiana, Antonia Fernández Felgueroso, que se ha mostrado especialmente vigilante con esta norma que «es un derecho subjetivo».

Tanto cuida la Procuradora asturiana esta ley que hasta ha realizado diferentes informes en los que discrepa con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda sobre la fórmula de aprobar los Planes Individuales de Atención (PIA), ya que entiende Fernández Felgueroso que «sí se pueden firmar PIAs diferentes en diferentes momentos de la vida del beneficiario», en contra de lo que defiende Bienestar.

De hecho, los PIAs y su firma son los principales motivos de protesta, ya que el retraso en cerrar este documento -mediante el que Principado y beneficiario de la Ley de la Dependencia acuerdan el servicio o prestación al que tiene derecho- supera el año. Aunque la norma marcaba, inicialmente, que en tres meses debía culminar todo el proceso -desde la presentación de la solicitud de valoración hasta recibir realmente el servicio-, su puesta en marcha ya evidenció los problemas para cumplir el calendario, por lo que este año, el de la revisión de la ley, se aprobó que el plazo fuera de seis meses.

Sin embargo, la propia consejera de Bienestar Social y Vivienda reconoció recientemente que, en Asturias, la demora «está entre doce y trece meses». Una situación en la que se encuentran ahora mismo 4.486 asturianos, los que dice el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) que ya han sido valorados, ya saben que tienen derecho a recibir una ayuda a la dependencia, pero siguen esperando. Se estima que el SOJ el 1 de enero, al sumarse los dependientes de grado I, recibiría la cifra de 7.208 quejas.

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Cristina Rodríguez Benito directora de infogerontologia.com [email protected]

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