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Julio 2010

El Principado de Asturias publica cuatro guías de Buenas prácticas en Residencias y Centros de día

Tras un proceso de trabajo iniciado por la Consejería de Bienestar Social (Dirección General de Planificación y Calidad) a principios del 2008 (y en el que han participado 334 profesionales de centros públicos y concertados), el Principado de Asturias ha publicado cuatro Guías de Buenas Prácticas en Centros de Personas en situación de dependencia y o Discapacidad.

El Objetivo de estas Guías es ayudar a los profesionales y a los responsables de los centros deatención a personas en situación de dependencia a emprender acciones que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que son usuarias de los mismos. Para lograrlo, será necesario revisar y, seguramente, modificar algunos estilos de relación interpersonal, las formas de realizar nuestras intervenciones profesionales y los sistemas de organización y de gestión de los recursos.

Cada Guía consta de dos libros:

I PARTE: Bases y reflexiones en torno a las Buenas Prácticas.
II PARTE: Buenas Prácticas en centros de día de personas mayores en situación de dependencia y anexos.

Las bases y reflexiones en torno a las Buenas Prácticas introduce y explica en qué consiste la Guía, su forma de uso y el proceso de elaboración realizado hasta su presentación. Pero sobre todo, recoge sus aspectos filosóficos-conceptuales. Esta exposición razonada resume, de forma sencilla, los avances en las ciencias sociales y del comportamiento y los principios de la intervención profesional del sector. Aporta referentes teóricos que apoyan nuestra forma de pensar y de actuar en los recursos.
Busca poder ser abordado y compartido por todos los que estamos comprometidos con las personas en situación de dependencia y/o con discapacidad, independientemente de nuestra experiencia u origen profesional.

La segunda son un conjunto de Buenas Prácticas Clave (BBPP-clave) para orientar la intervención en los centros para personas mayores en situación de dependencia, desde los principios rectores del modelo de calidad de vida y de la orientación centrada en la persona. Esta parte también incorpora una serie importante de recomendaciones para la buena praxis en la vida cotidiana –que a modo de propuestas concretas permiten concretar que se debe o no hacer si queremos avanzar en la línea propuesta. También se incluyen una serie de ejemplos breves de BBPP que ya se están desarrollando en diversos centros de Asturias, y del resto de España.

Rerefencia de las guías

1. Bermejo, L.; Martínez, T.; Díaz, B.; Mañós, Q. y Sánchez, C. (2009). Buenas Prácticas en centros de día de personas mayores en situación de dependencia. Oviedo: Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
1.1 Bases y Reflexiones. (Bermejo, L.)
1.2 Buenas Prácticas (Bermejo, L.; Martínez, T. y Mañós, Q.)
 
2. Bermejo, L.; Martínez, T.; Díaz, B.; Mañós, Q. y Sánchez, C. (2009) Buenas Prácticas en residencias de personas mayores en situación de dependencia. Oviedo: Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
2.1 Bases y Reflexiones. (Bermejo, L.)
2.2 Buenas Prácticas (Bermejo, L.; Martínez, T. y Mañós, Q.)

Puede usted acceder a descargar las guías desde aquí

Un estudio denuncia abusos al atar y medicar a los ancianos en residencias. El 23% de los internos sufre sujeciones forzosas

La utilización de esta práctica que favorece úlceras e incontinencia es la más elevada de Europa

Autor: Emilio de Benito
Fuente: El País
 

España tiene la tasa más alta de los países occidentales de uso de sujeciones físicas y farmacológicas (sedación) en las personas ingresadas en residencias para mayores.

Un estudio de la Confederación de Organizaciones de Mayores (Ceoma), que busca erradicar estas prácticas, calcula que un 23% de los 300.000 internos (un 50% de ellos, además, sufre algún tipo de demencia) está sometido a estas prácticas. El trabajo se ha hecho en 263 residencias públicas y privadas que acogen a 9.000 personas.

La tasa coincide con la calculada en Navarra, única comunidad que tiene un estudio completo. Antonio Burgueño, médico y director del programa Desatar al anciano y al enfermo de alzhéimer de Ceoma, indica que la tasa de utilización de estas técnicas en Italia, Suiza y Alemania ronda el 15%, que en Reino Unido está en el 4% y en Dinamarca en el 2%.

Los expertos culpan del problema a la falta de formación y voluntad del personal

El fiscal especial pide una ley similar a la de la violencia de género
Esta última cifra se considera por los expertos equivalente a la práctica erradicación de estos sistemas, ya que se admite que puede haber casos esporádicos (un paciente que tiene un brote de agresividad contra otros residentes o contra sí mismo) que pueden justificar el uso puntual de estas técnicas. Los datos no muestran grandes diferencias entre los centros públicos y los privados.

La clave está en el término "puntual". Porque lo que los expertos han detectado cuando revisan las instituciones es que estas prácticas se utilizan de una manera continuada. Con importantes secuelas.

Entre ellas, los investigadores destacan las físicas y las psicológicas. Y las éticas. Porque los representantes de Ceoma, el Imserso, la Confederación de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhéimer (Ceafa) y la Fiscalía General del Estado coinciden en que se trata, ante todo, de un problema de derechos humanos con impacto en la salud. Por ejemplo, como apunta Burgueño, estas prácticas favorecen la aparición de úlceras de presión, infecciones (sobre todo respiratorias y de orina), incontinencias, disminución del apetito (y la consecuente desnutrición) y pérdida de tono muscular. Y, en el plano psicológico, de apatía, ira, vergüenza, depresión, aislamiento, miedo o pánico.

Según Burgueño, la solución no tiene por qué encarecer la asistencia. "Hay que aceptar que en las residencias haya cierto ambiente (gente moviéndose aunque no tenga muy claro adónde), porque no podemos aceptar convertirlas en remanso de paz a costa de la felicidad y los derechos de los internos", dice.

El experto afirma que el principal obstáculo para que las prácticas cambien está en la voluntad de los gestores y el personal. "Hay que acabar con una serie de mitos", indica. El primero, que estas prácticas se usan para evitar caídas, "cuando estas aumentan", porque después de tres o cuatro meses de inmovilidad las personas son incapaces de mantenerse en pie, y eso sí que es un peligro. El resultado es que el personal que se reduce en atender y, si hace falta, vigilar a los ingresados hay que utilizarlo en moverlos y cuidarlos. Por eso los estudios no indican que en los centros donde se han erradicado las sujeciones hayan hecho falta más trabajadores.

Tampoco es cierto que estas técnicas sirvan para corregir problemas de conducta. "Es contraproducente", indica Burgueño, ya que las personas se irritan y se deprimen. En casos extremos, ha habido fallos cardiovasculares por la tensión a la que se somete al paciente cuando hace el esfuerzo por desatarse.

El estudio no está tan avanzado en cuanto a la otra medida para controlar -o anular- la voluntad de los pacientes: la llamada sujeción química o farmacológica. Pero los datos adelantados muestran que ahí también hay un problema. No se trata de, si hace falta, no usar un calmante en un momento determinado "y con voluntad de suspenderlo", pero sí de evitar que su uso se convierta en algo crónico. Y eso es justo lo que pasa en el 66% de los casos. Además, solo en el 18% de los casos hay un seguimiento del efecto para ajustar la dosis, lo que implica que las personas están "sedadas de más".

Los expertos admiten que existe un problema: que hace falta que las familias empiecen a valorar que la libertad de los ingresados está por delante de "una seguridad absoluta". Porque si los gestores de las residencias tienen miedo a que se les denuncie si la persona mayor se cae, por ejemplo, actuarán a la defensiva, y será más difícil que acepten cambiar las prácticas en los centros.

Todas estas conductas fueron enmarcadas por el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de los mayores, Jorge Sena, en un "fenómeno sangrante de malos tratos", que puede llegar al 5% de los mayores, según datos que acaba de hacer públicos la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). El problema, según admite Sena, es que estas conductas se llevan a cabo "en el marco de la impunidad", que se ve favorecido por el entorno familiar.

Por eso Sena propone que se haga una ley específica tomando como base la de violencia contra la mujer. Para el fiscal, la cobertura actual del Código Penal a ciertos abusos no es suficiente, y estaría justificado crear figuras específicas cuando se trata de "lesiones, robo, estafa, coacciones o amenazas" a mayores de 65 años, ya que considera que están más desprotegidos.

De hecho, indicó que en dos años ha tenido conocimiento directamente de 45 expedientes por malos tratos a mayores, pero admitió que ninguno había tenido entidad y había acabado en condenas. "Se pierden en la nebulosa de la impunidad" favorecida por el entorno familiar, el miedo de la persona mayor a actuar contra sus hijos y la "falta de mentalización" de la sociedad, indicó el fiscal.

Unos derechos difíciles de proteger

- Afectados. Aproximadamente unas 300.000 personas están ingresadas en residencias para mayores (públicas y privadas) en España. De ellas, la Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores (Ceoma) calcula que el 50% tiene, además, algún tipo de demencia.

- Malos tratos. Los médicos de atención primaria estiman que un 5% de los siete millones de mayores de 65 años sufre malos tratos. La cifra coincide con la del Centro Reina Sofía. De ellos, el fiscal especial para la protección de los derechos de los mayores, Jorge Sena, calcula que solo se persigue un 1%. No tiene estadísticas de condenas.

- Sujeciones. Las organizaciones de afectados afirman que el 23% de los ingresados en residencias sufre la práctica de sujeciones físicas (ataduras, inmovilización, limitación excesiva a sus posibilidades de deambular).

- Actuaciones legales. El fiscal Jorge Sena recuerda que la restricción de derechos fundamentales, como el de libertad de movimientos, exige una autorización judicial. Lo mismo sucede con el ingreso en un centro contra la voluntad de las personas, ya que si no se puede incurrir en un delito de detención ilegal. Según Sena, en estos casos "no basta con un informe médico".

- Centros adecuados. Ceoma ya ha acreditado en España un centro libre de sujeciones (en Gernika, Vizcaya), y tiene dos pendientes (en Villarreal, Castellón, y Ontinyent, Valencia). Hay otros dos y dos centros de día que podrían incluirse en esta categoría.

Los Veintisiete aprueban restringir el «turismo sanitario»

Fuente: ABC
EP | LUXEMBURGO

Los ministros de Sanidad de la UE aprobaron este martes, pendiente de ratificación de la Eurocámara, la nueva norma comunitaria cuyo objetivo es acotar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro.

España logró un apoyo mayoritario para su propuesta de compromiso, que es más restrictiva que el plan original de la Comisión y aumenta el número de casos en los que se necesita autorización previa para ir a tratarse en el extranjero con el objetivo de limitar el 'turismo sanitario'.

Sólo Polonia, Portugal, Eslovaquia y Rumanía se opusieron al compromiso español alegando que la nueva norma pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales en un momento de crisis y reclamando todavía más límites para los tratamientos transfronterizos.

"Hemos alcanzado ya una amplia mayoría sobre el acuerdo político que presenta la presidencia en colaboración con la Comisión", destacó la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, al término del debate. "Es una propuesta realista en la que todos hemos cedido un poco", señaló.

Por su parte, el comisario de Sanidad, John Dalli, agradeció los "esfuerzos" y el "liderazgo" de la presidencia española y dijo que la nueva norma "garantizará que los pacientes sean conscientes de sus derechos a la asistencia sanitaria transfronteriza y demostrará que la UE trabaja en beneficio de sus ciudadanos". No obstante, admitió que el Ejecutivo comunitario "hubiera preferido un texto más innovador".

Autorización previa

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, logró el pasado diciembre bloquear el anterior borrador de esta directiva alegando que no garantizaba una atención de buena calidad y que supondría un coste adicional para la sanidad española de 2. 000 millones de euros anuales. Apoyaron a España Portugal, Rumanía, Grecia, Polonia, Lituania y Eslovaquia.

La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recibir tratamiento en otro Estado miembro y tienen derecho a que se les reembolse el coste a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.

La presidencia española ha introducido nuevas limitaciones para los pacientes que quieren ir a tratarse a otro Estado miembro. El borrador anterior de la directiva obligaba a la sanidad pública española a pagar el tratamiento de un paciente español que acuda a una consulta privada de otro país de la UE, incluso aunque no estuviera concertada. El acuerdo final permitirá a España exigir autorización previa para los tratamientos privados en el extranjero y denegarla alegando que no garantizan una calidad suficiente.

El otro gran problema para España de la directiva era quién paga los tratamientos en el extranjero de los jubilados de otros Estados miembros que residen en nuestro país. Inicialmente, se preveía que fuera el país de residencia y no el de afiliación (es decir, aquel en el que han cotizado) el que corriera con los gastos. Es decir, que si un alemán residente en Mallorca fuera a tratarse a Berlín, la sanidad española debería reembolsarle los costes.

El compromiso final dispone que si un jubilado residente en España va a tratarse a su país de origen, será este Estado de afiliación el que pague. En el caso del alemán residente en Mallorca que va a Berlín, sería la sanidad alemana la que se haría cargo de los gastos. En el resto de casos, será el país de residencia el que pague. Es decir, si el mismo jubilado va a tratarse a Francia, sería España la que pague.

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Cristina Rodríguez Benito directora de infogerontologia.com [email protected]

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