artículos de actualidad
febrero 2022
El drama se repite: Fallece una mujer ahorcada con la sujeción en una residencia de mayores
Fuente: www.elcomercio.es
Autora: Carla Coalla
El centro madrileño estaría siendo investigado por una muerte anterior a esta.
Un centro de mayores de Villa del Prado, en Madrid, está bajo la lupa de la Fiscalía tras registrarse en él dos muertes de ancianos que podrían estar relacionadas con un trato negligente a los mismos. El último de estos fallecimientos que ha salido a la luz tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando una de las residentes murió ahorcada con unas correas de sujeción. Se trataba de una mujer que padecía alzheimer y a la que ataban a la cama, tal y como cuenta 'El País'.
Un portavoz de la empresa que gestiona el centro ha relatado que fue un cuidador, durante la ronda de medianoche, el que encontró el cuerpo sin vida de la anciana, una muerte que podría ser investigada como homicidio imprudente, causa que ya tiene en curso la Fiscalía contra el mismo centro por una muerte ocurrida en 2019. En esta ocasión, se habría producido el fallecimiento de una mujer de 96 años tras salir sola del centro en silla de ruedas, caer por una rampa y chocar contra un muro.
La residencia de Villa del Prado ha tenido que hacer frente a dos multas impuestas por los inspectores autonómicos debido a su escaso personal. En lo que respecta al uso de correas en los centros de mayores, las residencias que las usan justifican su uso para evitar caídas de los residentes, a pesar de las consecuencias que pueden tener, como prueban sucesos como este.
Delgado ordena que los fiscales controlen las sujeciones en las residencias y unidades de salud mental
Fuente: elpais.com
Autora: María Sosa Troya
Una instrucción detalla que debe comprobarse que hayan sido prescritas por un médico y que el paciente haya dado el consentimiento, así como que se rijan por los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y provisionalidad
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha emitido una instrucción en la que ordena que se vigilen las sujeciones en residencias de mayores, de personas con discapacidad y unidades psiquiátricas. Es decir, cualquier inmovilización, restricción física o tratamiento farmacológico aplicado en estos centros. Hasta ahora no existía un único protocolo a seguir por los fiscales de los servicios de provisión de apoyos a las personas con discapacidad y mayores. A partir de ahora cuentan con una guía que les insta a comprobar, cuando inspeccionen los centros, que las contenciones siempre se utilicen bajo prescripción médica y tras el consentimiento del propio paciente o de su tutor legal. Los principios que deberán orientar su uso son, entre otros, los de “excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición de exceso”.
La instrucción, con fecha de 19 de enero y promovida por la Unidad Especializada de Protección de personas con discapacidad y mayores, tiene el fin de velar por la salvaguarda de la dignidad y promover su autonomía ante el uso de estas medidas.
No existe una única ley a nivel nacional que regule las sujeciones, pero el escrito se inspira en recomendaciones internacionales y nacionales, particularmente en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este instrumento encomienda a los fiscales, en coordinación con los servicios de inspección autonómicos, la supervisión y el control de la utilización de las contenciones.
El Ministerio de Derechos Sociales negocia actualmente con los agentes sociales y las autonomías un nuevo documento que fije los requisitos mínimos que han de cumplir los servicios de dependencia, entre ellos las residencias, y según un primer borrador al que tuvo acceso este diario, recoge que los usuarios “tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas” y que los centros deben tener un plan de reducción o de su supresión.
La unión de asociaciones de mayores Ceoma estima que el 17% de los mayores que viven en residencias españolas, unas 55.000 personas, son sometidas a diario a contenciones. La fiscal delegada autonómica de lo civil y provisión de apoyos a las personas con discapacidad de Canarias, Rosa Rubio, explica que el Ministerio Fiscal trabaja en esta instrucción desde antes de la pandemia. Rubio lamenta que las “comunidades autónomas no vigilen suficientemente bien que su uso sea excepcional” y aboga por avanzar hacia centros libres de sujeciones.
Delgado establece en la instrucción que los fiscales deberán comprobar durante sus inspecciones a los centros que se cumplen determinadas pautas, como que “nadie debe ser sometido a ningún tipo de inmovilización física o tratamiento farmacológico sin previa prescripción facultativa en cada caso, salvo que exista peligro inminente para la seguridad de la persona o de terceros”. De ser así, lo acordará el profesional responsable, siempre de acuerdo al protocolo vigente.
El escrito recalca que será “imprescindible” el consentimiento informado por el paciente o de su representante legal, en caso de que esté incapacitado, y no serán válidos “los consentimientos genéricos ni los diferidos en el tiempo”. Además, el centro deberá contar con un protocolo para el uso de las contenciones, deben establecerse “pautas de vigilancia permanente de esa medida” y “controles periódicos a fin de determinar su continuidad”. Los centros deben garantizar una “correcta documentación” de las contenciones aplicadas.
Se deberá especificar la indicación, la utilización y el tipo de contención, así como su duración.
“Observada la mayor incidencia del uso de contenciones en fines de semana y durante la noche, se incidirá sobre esta cuestión en la evaluación para alejar motivos económicos o de ratios que puedan condicionar su uso”, se lee en el texto firmado por Delgado.
Los fiscales deberán requerir a los servicios de inspección autonómicos que les informen sobre los centros en los que se haya detectado el uso de sujeciones sin prescripción médica, ni control periódico, sin supervisión y sin documentación.
Respecto a las residencias o unidades de las que no haya una información reciente, se les solicitará que remitan tanto el listado de contenciones aplicadas como de las medidas de supervisión. La instrucción precisa que, en caso de infracción penal, se procederá a incoar las correspondientes diligencias de investigación, y apunta que “una contención física o química realizada completamente al margen de los principios enunciados” puede ser susceptible de tipificarse como trato degradante o delito de maltrato. En el documento se recuerda que “los accidentes o decesos de personas en el contexto de una contención deberán ser objeto de investigación”.
El escrito señala que los fiscales autonómicos se coordinarán con los servicios de inspección, tanto de sanidad como de servicios sociales, con el objeto de priorizar el control eficaz del uso de las contenciones e informarán anualmente a los fiscales superiores y fiscales de Sala. Además, en sus actas de inspección, los fiscales deberán recoger aspectos como si los centros disponen de planes específicos de mejora de la utilización de las sujeciones o planes de eliminación, o si hay actividades para la formación y sensibilización del personal.
Amnistía Internacional: La deficiente investigación sobre lo sucedido en las residencias extiende la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad a las familias
Fuente: www.es.amnesty.org
Este lunes 31 de enero se cumplieron dos años desde que se detectó el primer caso de coronavirus en España. Desde entonces, miles de personas han fallecido a causa de la pandemia, entre ellas 35.670 personas mayores que vivían en residencias.
Tras analizar la evolución de denuncias que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid y Cataluña, Amnistía Internacional ha documentado preocupaciones por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia, y el impacto que tuvo para los derechos humanos, incluyendo las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la prestación de asistencia sanitaria a las personas mayores que vivían en ellas.
La organización concluye que hasta el momento, las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la vida y exige el acceso de las víctimas a un recurso judicial que sea efectivo. De acuerdo con el Protocolo de Minnesota (ONU, 2016) de investigación de muertes potencialmente ilícitas la obligación de investigar es una parte esencial de la defensa del derecho a la vida. Amnistía Internacional lamenta que no se está garantizando la verdad para las víctimas, se está extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño causado, ni garantías de no repetición en el futuro.
“Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Así lo denuncian también las organizaciones de defensa de los derechos de las personas residentes como La Plataforma y Marea de Residencias, entre otras.
"Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado también. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber evitado, queremos que no pase nunca más", lamenta Ana María, cuya madre falleció en la residencia Federica Montseny de Barcelona sin haber sido trasladada al hospital, y que ha presentado una denuncia particular ante el juzgado, que año y medio después sigue en trámite.
Ministerio Fiscal, una investigación deficiente
Aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales.
Amnistía Internacional considera que la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias. La organización ya documentó cómo una cadena de decisiones en la gestión de la pandemia fue definitiva en la situación de abandono de los mayores en las residencias, y todas sus causas deberían ser exhaustivamente investigadas.
"Las familias de las víctimas necesitan un sosiego que solo la verdad les puede proporcionar. Ante un exceso de muertes, con una clara falta de asistencia sanitaria como el que se vivió en la residencias de mayores, un papel proactivo del Ministerio Fiscal es fundamental para aclarar lo sucedido", señala Safira Cantos, responsable de la investigación en Amnistía Internacional España. “Sin embargo, en muchos casos, son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión”, añade.
"Solo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir algo así. No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la única forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia", señala Simone Nicoletti, cuya madre, con Alzheimer, falleció en una residencia en Madrid.
En vista de que el Ministerio Fiscal ha archivado casi todas las investigaciones, son los familiares quienes están presentando denuncias o querellas en los Tribunales, imponiendo una carga más sobre las víctimas, cuando existe una institución, la Fiscalía, que tiene específicamente encomendada la actuación en favor de los derechos de la ciudadanía y del interés general. Ante las denuncias judiciales, el alcance de las investigaciones está siendo muy desigual según el juzgado o tribunal y, en todo caso, avanzan muy lentamente.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales: no lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y transparencia.
Aunque en Madrid, Amnistía Internacional ha estado en contacto con representantes del Ministerio Fiscal que han manifestado su compromiso con las investigaciones y su voluntad de analizar detalladamente cada denuncia, la realidad es que dichas investigaciones no han tenido en cuenta las informaciones que podían aportar las propias personas afectadas. También es crítica la situación en Barcelona, donde la denuncia de casi doscientos familiares en relación con 30 residencias fue archivada por la Fiscalía sin tomar declaración a las víctimas o los profesionales de las residencias.
Amnistía Internacional reconoce el esfuerzo del Ministerio Fiscal en mejorar la información obtenida, a través de la apertura de más de un millar de diligencias civiles para hacer un seguimiento más adecuado de la situación de las personas mayores en las residencias. A la organización le preocupa que este esfuerzo no vaya acompañado de inspecciones presenciales de las residencias, suspendidas prolongadamente durante la pandemia y todavía no plenamente recuperadas en las fiscalías territoriales. Esta falta alarmante de inspecciones sobre el terreno dificulta que Fiscalía pueda acceder a una fuente directa de información que podría apoyar una investigación eficaz en los tribunales.
La organización pide al Ministerio Fiscal que lleve a cabo investigaciones proactivas sobre todos los fallecimientos de personas a las que no se aseguró adecuada asistencia sanitaria, abarcando todos los factores que han intervenido en las muertes en residencias, escuchando a las víctimas y teniendo en cuenta todas las fuentes pertinentes para esclarecer los hechos. La investigación debe esclarecer cómo los protocolos institucionales fueron determinantes en la falta de asistencia hospitalaria a las personas mayores en residencias, tal y como AI evidenció en su investigación previa y han declarado responsables de residencias.
En los casos que se encuentran judicializados, AI exige al Ministerio Fiscal que tenga un rol activo promoviendo la acción de la justicia en favor de los derechos de las víctimas.
Falta investigar adecuadamente los protocolos
Por otro lado, la aplicación de los protocolos de no derivación a hospitales no se ha investigado adecuadamente, y el Ministerio Fiscal ha concluido que no fueron un impedimento para el traslado hospitalario de residentes enfermos;
Esto sin duda contrasta con los hallazgos de Amnistía Internacional que sí considera que los protocolos en vigor durante la primera ola de la pandemia provocaron violaciones del derecho a la vida o al acceso a la salud. En este sentido, el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de enero que estima parcialmente los recursos interpuestos por familiares de residencias en Leganés muestra con claridad la necesidad de investigar de forma exhaustiva el papel que tuvieron estos protocolos en la derivación hospitalaria y los medios disponibles en las residencias para prestar atención médica a los enfermos que no fueron derivados a los hospitales.
La organización considera que estos protocolos son responsables directos de la imposibilidad de acceder a asistencia sanitaria, al menos en Madrid y Cataluña, de miles de personas en los momentos más duros de la pandemia, y que a la hora de decidir sobre el traslado hospitalario de personas mayores que vivían en residencias no se aseguró una valoración individual basada en el mejor pronóstico, sino que se utilizaron criterios que dificultaron enormemente dichos traslados en situaciones en que la pronta y adecuada atención de los y las residentes enfermos podía ser vital. Los criterios, además de la fragilidad, incluyeron factores como la edad o el deterioro cognitivo, no relacionados con el pronóstico de vida del paciente y asociados al hecho de vivir en una residencia, lo que resulta discriminatorio. Las decisiones médicas deben ser siempre individualizadas y basadas en evidencia científica.
El Ministerio Fiscal tampoco ha tenido en cuenta en sus investigaciones las afirmaciones de responsables de residencias o políticos que reconocen que los protocolos impidieron la derivación a los hospitales de las personas mayores de residencias durante la primera ola de la pandemia, sin que al mismo tiempo se les prestara asistencia sanitaria adecuada en las residencias. Mecanismos internacionales como el Comité DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas) aseguran que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles para todas las personas sin discriminación y, especialmente, para los sectores más vulnerables de la población.
No se escucha a las víctimas
De acuerdo con las informaciones que Amnistía Internacional ha podido confirmar por representantes del Ministerio Fiscal o fuentes documentales de las investigaciones, entre Madrid y Barcelona se habrían archivado diligencias de investigación de al menos 129 casos sin haber llamado a testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y aportar información.
"Excusarse en evitar reiterar su testimonio y el dolor que eso provoca en las víctimas para no llamarles a declarar es un error, porque precisamente lo que más dolor les causa es que su caso acabe en archivo, sin conocer toda la verdad de lo sucedido. La mayoría de los testimonios recogidos por Amnistía Internacional dan mucha importancia al hecho de ser escuchadas en la investigación del Ministerio Fiscal y poder aportar toda la información relevante para la investigación", señala Safira Cantos. “El Protocolo de la ONU sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (aplicable a centros geriátricos) reconoce el derecho de las víctimas (familiares) a participar en las investigaciones”, añade.
“Tienes la sensación de que nadie te escucha, de que no quieren saber, de que nadie se hace eco. La continua negación de los hechos, la desinformación y la mentira en la que vivimos causa mucho dolor", cuenta Ángela Arreba, cuya madre, Julia, falleció el 8 de abril en la residencia Amavir Arganzuela de Madrid, después de un mes en el que ni siquiera pudieron verla por videoconferencia, y que ha presentado junto a otros familiares una querella en el juzgado.
Ni Gobierno ni CCAA quieren investigar
A pesar de la gravedad de lo sucedido en las residencias, se han ido cerrando en España las pocas comisiones de investigación abiertas en algunos parlamentos autonómicos. Estas sólo han desarrollado, en el mejor de los casos, investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos. La única comisión de investigación que estaba actualmente en marcha, en Castilla y León, también ha sido cerrada recientemente debido a que se ha anunciado la disolución de las cortes y elecciones anticipadas. En Cataluña se ha rechazado la creación de una comisión y se ha propuesto un grupo de expertos en su lugar. En el caso de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de elecciones también supuso el cierre de la Comisión y en la nueva legislatura no se aprobó su creación, a pesar de que la anterior Comisión no había completado el trabajo previsto.
"A nivel estatal, el Congreso de los Diputados no ha puesto en marcha ninguna comisión de investigación sobre lo sucedido, y a nivel autonómico los intentos han sido en su mayoría inútiles y obstaculizados por los partidos gobernantes, sin importar el signo político. Las autoridades no pueden excusarse en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones. Por eso pedimos la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice lo sucedido en residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder algo similar", afirma Beltrán.
Falta de personal y visitas
En esta sexta ola, cuando los contagios también han crecido en las residencias de personas mayores y aunque sus efectos se han mitigado gracias a la vacuna, los centros temen que la falta de personal se vea incrementada por las bajas: en la primera semana de enero de 2022 se produjeron más de 9.000 contagios entre el personal de residencias.
Amnistía Internacional y otras organizaciones han reclamado en diversas ocasiones a las autoridades competentes garantizar criterios y mecanismos para adecuar las plantillas del personal de residencias a las necesidades reales de atención de las personas mayores.
La organización recuerda además que es necesario que se garanticen, aunque sea de forma virtual, las visitas de familiares, de manera que no sea algo que dependa en la práctica de la decisión de cada residencia. Las autoridades no deben olvidar que tienen la obligación de velar por el respeto de los derechos humanos en todas las residencias, ya sean de titularidad pública o privada.
El nuevo modelo residencial, pendiente
La organización valora positivamente que el último borrador discutido entre Gobierno y Comunidades Autónomas a finales de diciembre sobre el nuevo modelo residencial establezca unos criterios comunes respecto a los ámbitos de recursos materiales y equipamientos; recursos humanos; aseguramiento de la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias; así como que incorporen criterios e indicadores medibles en relación con las inspecciones. Sin embargo, Amnistía Internacional considera fundamental que se incluya en el documento final la necesidad de formación obligatoria especializada en la aplicación de protocolos, utilización de EPIs y cuidados directos, así como que se incluya la perspectiva de género en la contratación de personal.
También sigue echando en falta indicadores concretos sobre la participación de las familias en situaciones de fuerza mayor o crisis como la vivida durante pandemia para evitar, en lo posible, medidas de confinamiento y restricción de derechos, entre otros, garantizando el contacto regular entre los y las residentes y las familias y allegados. También es primordial la participación de la sociedad civil que trabaja con las personas mayores y las representan en este proceso de cambio de modelo.
Sobre la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud, el documento incluye algunas medidas importantes, pero es necesario que se especifique que las decisiones médicas se basarán siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas y criterios éticos sobre la mejor evidencia científica disponible; y que las instrucciones y los criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios en ningún caso incluirán criterios discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria.
AI respalda las peticiones relativas al modelo residencial de las organizaciones pertenecientes a la mesa de diálogo civil (en especial La Plataforma y Médicos del Mundo), sobre coordinación sociosanitaria y ratios de personal.
Descubren nuevas pistas genéticas sobre el riesgo de esclerosis múltiple
Fuente: español.news
Un equipo internacional de investigadores dirigido por Karolinska Institutet en Suecia descubrió que un tipo de célula en el sistema nervioso central (oligodendrocitos) podría tener un papel diferente en el desarrollo de la esclerosis múltiple (EM) de lo que se pensaba anteriormente. Los hallazgos, publicados en la revista Neurona, podría abrirse a nuevos enfoques terapéuticos para la EM.
La EM es impulsada por células inmunitarias que atacan a los oligodendrocitos y la mielina que producen, que es una capa aislante que envuelve las células nerviosas. Estos ataques interrumpen el flujo de información en el cerebro y la médula espinal y causan daños en los nervios que desencadenan síntomas asociados con la EM, como temblores y pérdida de la marcha.
Comprender qué mecanismos influyen en el riesgo de EM es fundamental para encontrar terapias eficaces. Estudios genéticos anteriores han encontrado regiones en el genoma humano que contienen mutaciones (polimorfismos de un solo nucleótido) asociadas con un mayor riesgo de EM. Muchas de estas regiones están localizadas cerca de genes que están activos en las células inmunitarias.
Configuración abierta del genoma
En este estudio, los investigadores muestran en ratones y muestras de cerebro humano que los oligodendrocitos y sus progenitores tienen una configuración abierta del genoma cerca de los genes inmunitarios y en las regiones asociadas al riesgo de EM.
Esto sugiere que las mutaciones de riesgo de EM pueden tener un papel en la activación de genes cercanos en los oligodendrocitos y sus progenitores, lo que significa que podrían desempeñar un papel más importante de lo que se pensaba anteriormente en el desarrollo de la EM.
“Nuestros hallazgos sugieren que el riesgo de esclerosis múltiple podría manifestarse por un mal funcionamiento no solo de las células inmunitarias, sino también de los oligodendrocitos y sus células precursoras”, dice Gonçalo Castelo-Branco, profesor del Departamento de Bioquímica Médica y Biofísica del Karolinska Institutet, quien realizó el estudio con los coautores Mandy Meijer, estudiante de doctorado, y Eneritz Agirre, investigadora. “Estos hallazgos indican que estas células también pueden ser el objetivo de enfoques terapéuticos para la EM, para prevenir el mal funcionamiento que podrían causar estas mutaciones”.
El estudio fue financiado por la Unión Europea Horizonte 2020, el Comité Europeo para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple, el Consejo Sueco de Investigación, la Fundación Sueca del Cerebro, la Sociedad Sueca del Cáncer, la Fundación Knut y Alice Wallenberg, la Sociedad Sueca de Investigación Médica, la Fundación Ming Centro Wai Lau de Medicina Reparadora, Fundación “La Caixa”, NIH, Instituto Nacional del Envejecimiento, Fundación Olav Thon e Instituto Karolinska.
“Vivir en casa": La SEGG lidera un proyecto para modernizar la atención de los mayores frágiles con dependencia
Fuente: www.segg.es
La SEGG, junto con CEOMA, gestionará el proyecto “Vivir mejor en casa”, subvencionado con 2.699.034,84 euros por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según Real Decreto de 10 de diciembre. La SEGG recibe para poner en marcha este proyecto la cantidad de 1.705.531,03 euros y la Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores (CEOMA), 993.503,81 euros.
Ambas organizaciones trabajarán de forma coordinada para llevar a cabo este proyecto de innovación e investigación orientado a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y cuidado a personas incluido en la agenda de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El proyecto contempla la coordinación con autoridades locales y autonómicas, tanto de sanidad como de servicios sociales. Se ejecutará en Madrid, Cataluña y Navarra con un modelo de gestión de casos y se procurará la formación continua a cuidadores y la creación y potenciación de las redes vecinales y de voluntariado.
El objetivo del proyecto es buscar una mayor y mejor atención domiciliaria, explorar las barreras a una vida en la comunidad e incrementar la calidad de vida de las personas mayores con dependencia.
Se trata de un proyecto con dos ejes; uno preventivo para buscar una mayor y mejor atención domiciliaria y retrasar el ingreso en residencia; y otro desinstitucionalizador que busca la preparación de la persona y su entorno para salir de la residencia y volver a la comunidad.
El primer objetivo del componente preventivo es disminuir y retrasar la institucionalización en personas con dependencia para personas atendidas en servicios de ayuda a domicilio (SAD). El impacto previsto es retardar o evitar el ingreso en residencia, en 30 municipios (con más de 440.000 habitantes en su conjunto) con disminución de solicitudes de ingreso en residencia y de ingresos reales en residencia de un 75%. Este componente impactará de forma directa en 160 personas y de forma indirecta en 3.330 profesionales sanitarios y sociales.
El segundo objetivo es la contratación de personas en situación de desocupación para incorporarlas al sector de atención a la dependencia. Se trataría de contrataciones de profesionales incorporados a jornada completa, con flexibilidad y autoorganización horaria y con contratación de personas con situación de exclusión laboral. El 70% de las nuevas contrataciones serán con exclusión laboral previa y el 80% de total con contratación a jornada completa y con autoorganización de horario.
Un tercer objetivo es el Cambio de modelo de atención con formación específica al cuidador no profesional y la generación de una nueva dinámica de trabajo flexible cuidador no profesional/cuidador profesional. Se busca un impacto en el 100% de las personas atendidas y una disminución importante de la sobrecarga del cuidador y de la utilización de apoyos tanto sociales como sanitarios.
El modelo de intervención se fundamenta en formación de cuidadores no profesionales, en el incremento en la intensidad de atención hasta un máximo de 3.5 horas al día, en la prevención de la soledad no deseada y la fragilidad emocional y en la puesta en marcha de programas con cuidadores y redes vecinales, en un equipo cuidador profesional y no profesional con autonomía y libertad horaria, ayudas técnicas para la adaptación de un hogar dinámico y herramientas tecnológicas para el soporte de cuidados y pluripatología. El proyecto contempla una valoración total inicial y cada tres meses sobre la situación funcional mental y de ánimo, la calidad de vida, la sobrecarga del cuidador y los apoyos sociales y sanitarios; y también una valoración parcial cada mes sobre el uso de apoyos sociales y sanitarios y la progresión de la ayuda. La duración de la intervención y seguimiento se prolonga 18 meses para valorar los resultados parciales el 30 de junio de 2023.
Atención integrada sanitaria y social
El componente desinstitucionalizador del proyecto aprobado busca la atención integrada sanitaria y social a través de una valoración social detallada. Será necesaria una valoración geriátrica integral para detectar fragilidad reversible, un plan de desinstitucionalización con coordinación con servicios sociales y de salud básicos, otro de fase comunitaria con un seguimiento de un equipo gestor y también una evaluación continua de resultados de calidad de vida y de utilización de servicios sanitarios y sociales.
El objetivo es posibilitar el retorno a la comunidad de personas institucionalizadas en residencias de mayores, un retorno con planes de apoyo necesarios y buscando que, al menos, el 20% de los residentes puedan regresar a la comunidad. El plan de transición y apoyos será pactado y personalizado con cada residente y sus familias.
El segundo objetivo de este componente es estudiar la metodología y procesos para procesos de desinstitucionalización futuros, medir el impacto en calidad de vida del residente y estudiar las situaciones de crisis que se pueden producir en la fase comunitaria.
El modelo de intervención se realizará con una valoración integral centrada en la persona con equipos especializados y de atención primaria social y sanitaria, con búsqueda de viviendas y comunidades adaptadas (viviendas tuteladas, vivienda social, pisos estándar de alquiler…) y con gestión de casos y dos fases:
- Una retirada de apoyos previos al alta, con seguridad para la persona.
- El diseño de tránsitos elegidos por las personas y pactados, adaptación a la nueva vivienda y una valoración de la calidad de vida de las personas desinstitucionalizadas.
En esta fase de proyecto se trabajará en la residencia Santo Domingo de Estella (Navarra) con 80 plazas y la residencia El Vergel en Pamplona con 161 plazas.
Este componente del proyecto impactará de forma directa en 241 personas y de forma indirecta en 1.200 profesionales sanitarios y sociales.
Desde la SEGG y CEOMA se trabajará en coordinación y ejecución del proyecto y la difusión de los resultados entre los profesionales de atención geriátrica y gerontológica y las personas mayores, tanto en España como a nivel internacional.
La evaluación del proyecto será realizada por una unidad de investigación social de una universidad española, para garantizar la independencia del proceso.
El tsunami que viene: la economía de los cuidados
Fuente: elpais.com
Autora:Sandra López Letón
Las necesidades de una población cada vez más envejecida suponen un enorme reto para las arcas públicas y una gran oportunidad de negocio para el sector privado.
España se enfrenta a un desafío extraordinario: ser uno de los países más longevos del mundo. Pero la conquista no le va a salir gratis. El fuerte envejecimiento de su pirámide demográfica de aquí a 2050 generará importantes retos sociales y económicos, aunque también sustanciales oportunidades de negocio para el sector privado. Sin ir más lejos, las necesidades de cuidados de larga duración de la población crecerán drásticamente en las próximas tres décadas, sobre todo los relacionados con la dependencia. El desafío exige repensar el modelo sociosanitario y una fuerte inyección económica para evitar que se resquebraje el Estado de bienestar español.
La cuenta atrás ha empezado. Y lo ha hecho bajo mínimos. España apenas destina el 0,9% del PIB a cuidados de larga duración (incluida la asistencia sanitaria y social), por debajo de la media de los países de la OCDE, donde este gasto representa el 1,5%.
Estas cifras evidencian que no está a la altura de la inversión que le corresponde a un país tan longevo. Los Estados que más aportan son Países Bajos, donde esta partida alcanza el 4,1% del PIB, y Noruega, donde supone el 3,7%. La organización internacional estima que el gasto en cuidados se duplicará e incluso triplicará en 2050, impulsado por el envejecimiento de las poblaciones. Y cree que los gobiernos tendrán que encontrar un equilibrio entre ofrecer acceso a una atención de buena calidad y hacer sus sistemas económicamente sostenibles.
En ese complejo juego de equilibrio está España, que también calcula que hasta 2050 su gasto público en cuidados podría crecer a más del 2% del PIB y que el número de mayores de 65 años beneficiarios de ayudas a la dependencia podría duplicarse, hasta llegar a 1,6 millones de personas, según recoge el documento España 2050, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mayo como un ejercicio para decidir “qué país queremos ser dentro de 30 años”. Añade el plan que el gasto público en pensiones podría incrementarse en hasta cinco puntos de PIB (ahora supone el 12% del PIB) y el gasto sanitario podría aumentar en más de un punto.
Una factura de calado que España tendrá que pagar. ¿Cómo? Entre otras medidas, incrementando las cotizaciones y estudiando la prolongación de la vida laboral de los mayores de 55 años, lo que reduciría el gasto público en pensiones y no iría “en detrimento del empleo de los jóvenes, puesto que los trabajos que realizan unos y otros son complementarios y no sustitutivos”, argumenta el Gobierno.
Estas proyecciones se explican porque la generación del baby boom, la más numerosa de la historia, envejece. A pesar de la pandemia —y con permiso de otras que pudieran llegar después—, en las próximas tres décadas este tsunami demográfico —consecuencia del descenso sostenido de la natalidad y de una reducción drástica de las tasas de mortalidad—, se hará más acusado.
En 2050, un tercio de la población española tendrá más de 65 años. Serán 16 millones de personas, frente a los nueve actuales. Y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas en edad de trabajar (hoy hay 3,4). Para entonces, los mayores de 80 años serán el 11,8% de la población.
La supervivencia avanza de forma continuada desde hace cuatro décadas. A principios del siglo XX, la población española tenía una esperanza de vida al nacer de apenas 35 años. Hoy, está por encima de los 83 años y es la tercera más alta del mundo, solo superada por Suiza y Japón. De aquí a 2050 habrá vuelto a crecer, en torno a tres años más: hasta casi 90 años para mujeres y 85 años para hombres. “La población española va a vivir mucho más de viejos que de jóvenes”, dice la socióloga María Ángeles Durán, profesora de investigación en el CSIC.
Más dependencia
Y, aunque la mayoría de la población española hasta los 74 años considera que su estado de salud es bueno o muy bueno, más años de vida implican más dependencia. Y cada vez más severa. “El envejecimiento de la población aumentará considerablemente el número absoluto de personas mayores dependientes de cuidados”, explica Vânia de la Fuente-Núñez, responsable técnico de la Unidad de Cambio Demográfico y Envejecimiento Saludable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
También serán más las enfermedades y dolencias crónicas. Actualmente, “solo una de cada cuatro personas mayores de 65 años en España está libre de discapacidad o enfermedad crónica”, aportó María Luisa Carcedo, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y exministra de Sanidad, en el IV Encuentro de Economía Senior, celebrado el pasado diciembre. Cardiopatía, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes cerebrovasculares, demencia, deficiencias sensoriales, trastornos depresivos o artrosis provocan la pérdida de años de vida saludable.
No hay que olvidar el dolor crónico, presente en una de cada cuatro familias españolas y que representa un alto coste: el 2,5% del PIB de España. “El envejecimiento de la población y las comorbilidades, vinculadas tanto a la edad como a los tratamientos que están afortunadamente consiguiendo un aumento de la expectativa de vida, están claramente asociados a una mayor prevalencia del dolor y severidad. Debemos anticiparnos”, recalca Víctor Mayoral, presidente de la Sociedad Española Del Dolor.
En los próximos años, esta pata de la llamada economía de los cuidados —concepto mucho más amplio que incluye todos los cuidados, desde que nacemos hasta que morimos— tendrá un peso sustancial en la sociedad española. Porque, un día u otro “todos vamos a ser dependientes o vamos a convivir con un dependiente”, vaticina José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Radiografía de la longevidad
Una realidad abrumadora en la que el sector público juega el papel protagonista, pero en la que el sector privado tiene un papel clave, ya que el sistema de dependencia se desarrolla mediante un esquema mixto de financiación. Aunque la valoración, la prescripción y el seguimiento de la dependencia son públicos, la provisión de los servicios es privada. “El sector de cuidados a la dependencia está en un 80% u 85% en manos privadas. La Administración compra en el mercado los servicios que procura a la sociedad, adquiridos mediante conciertos por la Administración”, explica Luis Alberto Barriga, director general del Imserso.
Solo el sector de la teleasistencia y ayuda a domicilio facturó 1.755 millones de euros en 2020 —año de los confinamientos y restricciones—, tras registrar un crecimiento del 2% respecto a 2019, año en el que la facturación aumentó un 7,5%, según DBK.
Las cinco primeras entidades del sector son Clece, DomusVi, Sacyr Social, Asispa y Suara Cooperativa, de acuerdo con esta consultora. “La actividad empresarial relacionada con los cuidados formales —gestión de residencias, teleasistencia y ayuda a domicilio— representa en torno al 0,5% del PIB español”, añade Benigno Lacort, consejero delegado de Atenzia, otra de las empresas que ofrece teleasistencia domiciliaria, con datos de la Subcomisión de Servicios Sociales de CEOE.
La bomba demográfica está aquí y no solo pondrá contra las cuerdas al Estado de bienestar español. Barrerá el planeta. “Las personas de 60 años o más ya superan a los niños menores de cinco años y para 2050 una de cada cinco personas estará en esa franja de edad”, señala De la Fuente-Núñez, de la OMS. El número de mayores de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050.
Aunque es importante tener presente que “la pandemia ha modificado demográficamente algunos países, con índices de mortalidad más alta en la población de más de 80 años”, reseña Mercedes Abades Porcel, profesora de Enfermería Geriátrica y directora de la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Este es el esperanzador, y a la vez demoledor, mapa del envejecimiento y requiere que los Estados actúen. El desafío exige una respuesta integral que, de momento, no ha llegado. “En el año 2020, tan solo un 49% de los países habían reportado tener una política o estrategia de cuidados a largo plazo”, según la representante de la OMS.
España se encamina a una crisis de los cuidados si no toma medidas ya. Esta es la mala noticia. La buena, al menos sobre el papel, es que semejante desafío acaba de entrar en la agenda política y, de hecho, el Gobierno ha incluido el asunto entre las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata del componente 22, llamado Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, que se dotará con más de 3.500 millones de euros de los fondos europeos.
Pero, queda mucho por hacer. España cuenta con el paraguas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada en 2006 y conocida como el cuarto pilar del Estado de bienestar.
Sin embargo, y 15 años después, el sistema de atención a la dependencia está falto de financiación y deja sin cobertura a miles de personas, lo que provoca que una gran parte de los cuidados recaiga en el entorno familiar (en un 60% a cargo de mujeres) y, en menor medida, sobre el sector privado. La pandemia no ha hecho más que evidenciar las carencias del modelo, especialmente en las residencias.
Falta financiación
Con fecha del 31 de diciembre de 2020, había en España 1.356.473 personas (30.000 menos que en 2019 por la covid) en situación de dependencia reconocida y otras 141.556 pendientes de valoración, según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esto significa que el 3,6% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
El limbo de la dependencia —personas con derecho pendientes de recibir servicio o prestación— es uno de los mayores fracasos del sistema. En él había 234.000 personas a finales de 2020. Tienen en su contra que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 430 días, aunque en cuatro comunidades (Canarias, Andalucía, Extremadura y Asturias) se superan los 18 meses. Cristóbal Valderas, presidente de la empresa Clece, habla sin paños calientes: “Se mueren cerca de 174 personas al día con la ayuda aprobada. Estamos fallando como sociedad”. En concreto, en 2020 fallecieron 55.487 personas de las listas de espera.
El asunto se ha convertido en un arma arrojadiza política. “En 2021, el sistema incorporó a 60.000 personas y la lista de espera se redujo un 8%”, dijo Ignacio Álvarez Peralta, secretario de Estado de Derechos Sociales, durante el último encuentro de Economía Senior. Sin embargo, las comunidades y el Gobierno habían pactado sacar de esa lista de la vergüenza a 60.000 personas en 2021 y “tan solo salieron 20.000″, criticó Alicia García, portavoz del PP en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados.
La inversión pública en el sistema de atención a la dependencia fue de 8.907 millones de euros en 2020 (último dato disponible), en torno al 0,6% del PIB. El gasto anual medio por persona beneficiaria ascendió a 7.991 euros. Las comunidades autónomas financiaron el 84,4% y la aportación estatal se situó en el 15,6%, muy lejos del 50% que exige la ley y que ningún Gobierno ha cumplido.
“La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy y ello ha supuesto dejar de invertir 6.000 millones de euros”, denuncia el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Sin embargo, añade, en enero de 2021, Gobierno e interlocutores sociales acordaron un plan de choque a la dependencia que contemplaba un incremento de la financiación de 600 millones de euros para 2021 y la recuperación del nivel acordado. “Las tres patas del plan de choque son reducir las listas de espera, mejorar los servicios de atención domiciliaria y residencial y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector”, enumera el secretario de Estado de Derechos Sociales.
Gasto o inversión
Los expertos consultados advierten de que uno de los grandes retos para trasformar el modelo de cuidados es tratar el coste como una inversión y no como un gasto. “Por cada millón de euros de inversión pública se generan 35 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables. No hay ninguna inversión pública que aporte tantos empleos directos”, señala José Manuel Ramírez. En concreto, el sector emplea a 250.000 personas. Además, insiste Ramírez, se generan retornos económicos del 39,9%. “Por cada millón de euros, 400.000 euros se revierten al Estado a través del IVA, el impuesto de sociedades y la Seguridad Social”.
También el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Fernando Bermejo expone que la partida en dependencia no debe entenderse solo en su dimensión de gasto: a través de la demanda de consumo que genera también se crea empleo y renta. Los resultados de su investigación reflejan que “con un gasto en dependencia de 5.400 millones de 2009 a 2015, el nivel de producción que genera ese gasto es más del doble”. La mayor parte de la renta obtenida en la producción se distribuye entre los salarios de los trabajadores y los beneficios a las empresas, pero otra parte vuelve a la Administración. Por ejemplo, el gasto público anual en dependencia en España genera un retorno a las arcas públicas del 37% del gasto inicial a través de impuestos.
La socióloga María Ángeles Durán, profesora de investigación del CSIC, primera mujer en recibir el Premio Nacional de Sociología y autora del libro La riqueza invisible del cuidado: el cuidatoriado, insiste en hablar de los cuidados como producción de riqueza. Una riqueza que, sin embargo, no se refleja en el PIB porque es un trabajo gratuito que suele recaer en las mujeres. Durán calcula que ese trabajo no remunerado “correspondería a 28 millones de empleos a tiempo completo”. La investigadora ha desarrollado el concepto de cuidatoriado, una clase social emergente muy desprotegida y formada, sobre todo, por mujeres inmigrantes que cuidan. “La carga del cuidado que se nos viene encima es tremenda”, señala. Durán dice que por cada 12 horas que ponen los profesionales hay que añadir 88. “Imagine la desproporción entre el sector pagado y el no pagado: por cada 12 horas del primero se necesitan otras 88 del sector privado, de las familias o de autocuidados”.
Otro de los retos de la dependencia es la falta acuciante, y muy preocupante, de mano de obra. “El problema del envejecimiento radica en la falta de recursos y de retribuciones salariales justas y equiparables a países como los nórdicos, donde se considera un plus cuidar a las personas mayores. Los salarios de estos profesionales son mayores y esto facilita retenerlos en el sector”, señala Mercedes Abades.
El director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, estima que “se van a necesitar unos 290.000 profesionales más en el sector de los cuidados en 2040″. Es uno de los menos atractivos para trabajar por sus condicionales laborales y salariales. Se calcula que en torno al 80% de los cuidadores no son profesionales. Hasta el punto de que “el 60% o 70% de las empleadas del hogar están haciendo hoy tareas de cuidados y eso es un defecto del sistema”, dice Barriga.
Esta falta de mano de obra y la alta rotación es el pan nuestro de cada día en las empresas de atención a domicilio, donde “tres de cada cuatro trabajadores son mujeres”, apunta Ramírez. Clece, compañía de ACS, es la principal empresa que trabaja en el sistema de atención a la dependencia. Da ayuda a domicilio a 122.365 usuarios a través de 18.376 profesionales y su cuota de mercado fue del 19,45% en 2020, según DBK. Su presidente pone el acento en la falta de financiación y critica el aumento del copago. “Dificulta el acceso universal de los mayores a estos servicios”, dice Valderas. Según la comunidad autónoma, el dependiente paga entre el 0% y el 75% del servicio.
A estas compañías se las culpabiliza de los bajos salarios y las condiciones laborales del personal. Valderas cree que es “injusto”. “Las empresas solo pagamos el salario que se recoge en los pliegos de condiciones que sacan a concurso los ayuntamientos”, argumenta, y que oscila desde los 13 euros la hora de media en Andalucía a los 26 euros del País Vasco. El presidente de Clece considera que es momento de dignificar el sector y pide que sindicatos y patronales incrementen los salarios y que estos se reflejen en los pliegos.
El creciente envejecimiento y la cada vez mayor demanda de cuidados, así como la imposibilidad del sector público de atenderla, es el abono para muchas empresas y start-ups nacidas en los últimos años. Su fin es vender cuidados y su éxito es una muestra del crecimiento exponencial que está teniendo el sector caretech en España. Un buen ejemplo es Cuideo, fundada en Barcelona en 2016 y líder en España en el sector de cuidados a domicilio. Su aportación ha sido digitalizar el sector y ofrecer servicios en cualquier punto del país. “Desde que comenzó la pandemia se ha multiplicado por tres la demanda de cuidados a domicilio”, señala José Luis Ballescá, analista de Desarrollo de Negocios de Cuideo. Otras empresas son Qida o Senniors.
Las familias tienen necesidad y prisa. “Desde que empiezan a buscar en Google hasta que encuentran cuidadora pasan menos de 24 horas”, según la start-up navarra Familiados, que ha contabilizado que en 2021 hubo más de 300.000 búsquedas de cuidadores mensuales en internet. La hora de cuidados se paga a 14 euros de media en provincias como Navarra, Barcelona o Gipuzkoa, mientras que apenas llega a 10 euros en Sevilla, A Coruña o Murcia.
La lista de este ecosistema empresarial es amplia. Algunos ejemplos son Tucuvi (inteligencia artificial y voz para monitorizar a los pacientes en su hogar) o SeniorDomo (con dispositivos como localizadores o sistemas de detección de caídas). “Es un sector económico que se abre paso y que, además, es atractivo para la inversión extranjera”, expone María Romero, socia directora del área de Economía de Afi. Se refiere al interés que muestran los inversores internacionales en este tipo de compañías, en las residencias de la tercera edad y en el negocio del cuidado a distancia.
España pone el contador a cero para surfear la ola más grande de su historia. Repensar el modelo de arriba a abajo “es un tema que va a requerir de una especie de Pacto de Toledo”, cree Barriga. Y añade: “Ya hay conciencia de problema y de desafío, que no es poco”. María Luisa Carcedo tiene claro que la estrategia ha de ser global: “Tenemos que repensar la sociedad en su conjunto. Que las personas que quieran morir en su casa puedan hacerlo; hay que redefinir el urbanismo, la vivienda o el transporte público”.
Hoja de ruta
La hoja de ruta del Gobierno español pasa por reforzar las políticas de atención a la dependencia e impulsar el cambio en el modelo de cuidados de larga duración, impulsando la desinstitucionalización. Es decir, se priorizará que estas personas permanezcan en sus hogares y sean atendidas en entornos comunitarios el mayor tiempo posible, frente al traslado a residencias. La gente mayor quiere estar en sus casas. “No quiere morir alrededor de batas blancas”, dice José Manuel Ramírez. Esto no significa el cierre de las residencias, que deberán estar centradas en las personas y serán centros más modulares y pequeños.
Emergerán nuevas opciones, como las fórmulas de autocuidado basadas en innovaciones tecnológicas (telemedicina, apps, supervisión por internet, adaptaciones domóticas). Hablamos de robots sociales, andadores inteligentes, teleasistencia avanzada (avisa si, pasadas una horas, el usuario no ha abierto el grifo, por ejemplo)… España también contempla la cohabitación con apoyo intergeneracional entre miembros que no sean de la familia, el denominado senior cohousing en sus múltiples formas (viviendas colaborativas, cooperativas, colectivas) o los bancos de tiempo o voluntariado de acompañamiento para evitar la soledad.
‘Silver economy’: una fase vital cada vez más valiosa
Cumplir años y peinar canas ya no es sinónimo de entrar en tiempo de descuento. Sarah Harper, fundadora del Instituto de Envejecimiento de la Población de la Universidad de Oxford, tiene la firme creencia de que la vejez ya no llega a los 70 años, sino al convertirnos en dependientes.
La mayor esperanza de vida de la población mundial y la ampliación de los años con buena salud son un logro incuestionable. Son los cimientos de la llamada silver economy, el ingente negocio alrededor de las necesidades de los mayores de 50 o 55 años: ocio, turismo, deporte, seguridad, alimentación, cultura, planes de pensiones, urbanismo, vivienda, tecnología, productos financieros (hipotecas inversas, nuda propiedad...), seguros, salud, estética y cosmética, moda, productos sanitarios, alimentación… También la economía de los cuidados y la atención a la dependencia constituyen una parte de esta economía plateada.
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