artículos de actualidad
Marzo 2013
Ministro japonés tilda a los ancianos como “una carga” y pide que se mueran
Fuente: teleSUR. Reuters
El ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, afirmó este martes que desde su perspectiva, toda la población de la tercera edad (al menos 31 millones de personas en su país), son una carga fiscal nacional por la atención médica que requieren, por lo que les instó a “darse prisa” y morirse pronto.
Durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Social, Aso aseguró que “el problema no se resolverá a menos que les dejemos que se den prisa y se mueran”. En este sentido, insistió en que hay que aliviar la carga fiscal del país por atención médica y por ende, dijo que también “es importante no prolongar la vida con tratamientos”.
El comentario causó revuelo de forma casi inmediata, no solo porque en Japón el 25 de la población tiene más de 60 años, sino porque Aso es un funcionario que tiene 72 años de edad.
A horas de pronunciarse, el titular trató de aliviar la polémica admitiendo que la frase fue "inadecuada", pero anotó que "es importante que la gente pueda pasar los últimos días de su vida en paz".
“Les dije lo que yo personalmente creo, que es importante no prolongar la vida con tratamientos y ser capaz de pasar los últimos días de vida en paz”, recalcó.
Esta no es la primera vez que Aso enciende el debate fijando su posición sobre el deber del Estado para con la población anciana. En 2008 afirmó: “¿Por qué tengo que pagar por las personas que sólo comen y beben y no hacen ningún esfuerzo?”.
El titular, que también ocupa el puesto de viceprimer ministro, aseguró que él rechazaría los cuidados (pagados por el Gobierno) en caso de encontrarse en estado terminal.
“No necesito ese tipo de cuidados”, explicó a los medios locales, añadiendo que había dejado una nota a su familia pidiendo no ser sometido a tratamiento médico alguno destinado a mantenerlo con vida.
El cuidado de los mayores supone todo un desafío para los maltrechos servicios sociales japoneses.
Según un reciente informe, cuatro de cada 10 hogares perciben algún tipo de ayuda social por incluir a algún miembro de más de 65 años. Otro reto es el creciente número de personas que mueren solas. En el año 2010, 4,6 millones de ancianos vivían solos, según datos oficiales.
El Gobierno pretende reducir el gasto en servicios sociales en su próximo presupuesto, que debería aprobarse en abril y del que se esperan en los próximos días o semanas.
Torrejón apaga su teleasistencia
Fuente: El País
Una carta informaba hace una semana a Ángela Núñez, vecina de Torrejón de Ardoz de 78 años, de que en marzo se le retiraría el servicio de teleasistencia. El interruptor que le acompaña desde hace siete años por si le pasa algo, dejará de colgar de su cuello porque no tiene concedido ningún grado de dependencia. Si quiere seguir disponiendo de este servicio, tendrá que abonar el coste, le especifican en la misiva. Esto supone 22 euros cada mes. A Angelita, como la conocen todos, le pilló por sorpresa: “antes iba a gimnasia gratis y ahora pago, el bonobús ha pasado de cinco a 12 euros, y también me cobran por la chica que limpia en mi casa dos horas a la semana. Ahora esto. ¿Hasta dónde vamos a llegar?”.
La misma carta ha llegado a 400 personas del municipio, según datos facilitados por la oposición, algo que el Ayuntamiento, del PP, no ha confirmado porque no ha respondido a las llamadas de este diario. Antes de verano había unas 900 personas que contaban con este servicio, una primera revisión lo retiró a un centenar. Las mismas fuentes indican que el Gobierno municipal ha decidido restringir la teleasistencia a entre 50 y 100 personas.
El Consistorio argumenta en la carta “la decisión de la Consejería de Asuntos Sociales de limitar el acceso al servicio a personas dependientes con servicio reconocido”. La directora general de coordinación de la dependencia, Carmen Balfagón, asegura que este extremo es falso. Balfagón explica que esta directiva es del propio Ayuntamiento y que el departamento sigue pagando estos servicios “puntualmente” y no ha ordenado retirárselos a nadie. Los Ayuntamientos siguen siendo los responsables de los servicios sociales básicos. El anteproyecto de ley de racionalización de la Administración local contempla que se transfieran las competencias, pero aún no se ha aprobado.
La consejería asegura que existe un convenio con los Consistorios madrileños por el que se les aporta una cantidad para servicios sociales y dependencia, que en el caso de Torrejón es de 800.000 euros. Una portavoz del departamento niega cualquier orden por parte de la Comunidad de restringir este servicio a partir del 31 de marzo a las personas sin uno de los tres grados de dependencia que contempla la ley y alega que este dinero cubre las prestaciones que da el Ayuntamiento.
El portavoz socialista en el Consistorio de Torrejón, Guillermo Fouce, cree que este dinero irá para pagar al personal que se encarga de los servicios sociales, pero que el Consistorio va a recortar recursos: “Es como pagar al bombero pero sin darle agua”. Fouce asegura que el Gobierno de Pedro Rollán no respeta la dependencia porque ha recortado en 450.000 euros el gasto en bienestar social en los nuevos presupuestos.
Núñez puede valerse por sí misma, pero es diabética, hipertensa y tiene artritis en las manos. Vive sola porque sus cuatro hijos se han emancipado. Ha hecho uso del aparato unas cuatro veces, según recuerda ella. Una vez porque se intoxicó con lejía, otra por una subida de tensión. La última de ellas en diciembre, porque se desorientó en la calle. “El interruptor me da seguridad, pero eso no quiere decir que lo esté pulsando todos los días”, explica. Núñez no entiende porqué le concedieron este servicio en su momento y se lo retiran ahora, “cuando soy más mayor y lo necesito más”.
La consejería se puso en contacto con el Ayuntamiento al conocer este caso y pidió “homogeneizar los criterios” para la teleasistencia, un servicio incluido en el catálogo de la ley de dependencia. Balfagón asegura que se revisará con carácter general todos los casos de retirada del aparato a personas mayores que no tengan concedido un grado de dependencia. La directora general cree que es posible se revoque la decisión de retirarle la teleasistencia a Angelita.
La Junta admite la ralentización de la Ley de Dependencia pero no que se haya parado
Fuente: El mundo
Autor: Francis Mármol/Málaga
El efecto social de la Ley de Dependencia, una de las banderas electorales del PSOE andaluz, se está diluyendo, según admitió ayer en una nota remitida a ELMUNDO.es el delegado de Bienestar Social y Salud, Daniel Pérez. Éste justificó la disminución de expedientes en que el Gobierno central ha incumplido con la inversión que le corresponde en estos programas, que sería del 50% y ahora sólo lo hace sólo al 30%.
Pérez salió así al paso de las críticas recientes sobre la escasez de nuevas tramitaciones de estas ayudas denunciadas por el sindicatos CSI-F, que contabilizó que el índice ha bajado de 50 tramitaciones semanales a sólo dos en los últimos meses.
Sin desmentir este extremo, Pérez sostuvo que «la ralentización en el ritmo de incorporaciones a la Ley de Dependencia está generada por el Partido Popular que quiere acabar con el cuarto pilar del Estado del Bienestar, en el que nunca ha creído».
Además de esto, el representante de la Junta en Málaga apuntó que «esta ralentización también se debe a las nuevas trabas fijadas por el Gobierno central tras la publicación del Real Decreto ley 20/2012, que a partir de julio del pasado año han supuesto una batería de modificaciones en la ley, como por ejemplo la desaparición de niveles o el cambio en los baremos, a las que es necesario adecuarse», explicó.
Desde la Junta se afanan en detallar en que el gobierno andaluz ha contado con 89 millones de euros menos para el desarrollo de la Ley de Dependencia porque el Gobierno ha dejado de aportarlos y «a pesar de la falta de financiación estatal el Gobierno andaluz está haciendo un esfuerzo que posibilita que en la provincia de Málaga 29.370 personas sean beneficiarias».
Según éste, desde San Telmo se ha invertido un total de 4.500 millones de euros desde su entrada en vigor, multiplicando por siete la cantidad destinada a la Dependencia desde 2007 y siendo una cuarta parte de la cantidad total que se invierte en ésta materia a nivel nacional.
Por su parte, el sindicato C-SIF ha sido el que ha puesto la voz de alarma sobre este tema hablando directamente de una paralización de estos programas y de solicitudes pendientes de validar en centros residenciales, centros de día, ayuda a domicilio y prestaciones económicas, desde hace mucho tiempo.
La denuncia llegó a ir más lejos cuando esta central sindical señaló en una nota que «en Málaga no se validan Programas Individuales de Atención (PIA) desde el pasado mes de julio. Incluso, hay propuestas de PIA validadas desde hace más de un año que aún siguen a la espera de resolución».
De la misma manera se indicó que la oficina destinada a esta actividad en la provincia se encuentra desde hace tiempo «desprovista de actividad» así como reinciden en que se «han paralizado las ayudas». «Los únicos expedientes que se resuelven en la provincia lo hacen tras recibirse una orden desde la Consejería en Sevilla, que determina la urgencia en cada caso», anunciaron. Ahora según estos, algunos expedientes, los menos, han pasado a tardar muchísimo tiempo en resolverse mientras que en el pasado se gestionaban en pocos meses.
En concreto, el sindicato fija un periodo de un año como tiempo de espera medio en su tramitación actualmente. Así, cientos de familias de muchos de las localidades de la provincia se encuentran a la esperan de recibir algún tipo de respuesta por parte de la Administración regional.
Hasta el Defensor del Pueblo se hizo eco de esta problemática en diciembre pasado, en un informe exhaustivo sobre la situación. En éste detallaba que se habían ralentizado especialmente aquellos expedientes PIA que incorporan una prestación económica.
Según contenía la crítica de la oficina que dirige José Chamizo, la aludida, ya en otras ocasiones, «ralentización» no deja de ser un «eufemismo que trata de enmascarar una realidad que se nos presenta clara en las múltiples quejas que recibimos, y que se traduce en una situación de absoluta falta de impulso respecto de los procedimientos en tramitación, pues no se emiten resoluciones de los programas individuales de atención para ninguna de las prestaciones previstas en el catálogo, y aunque se admiten nuevas solicitudes, tampoco se está llevando a cabo la valoración para el reconocimiento de ellas».
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Cristina Rodríguez Benito
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